Un presidente que no tiene los cojones para defender a su gente frente a cualquier problema que tenga el mundo.

El mundo está en guerra y esa guerra llegó al bolsillo de cada familia chilena, dijo el presidente de Chile al justificar la subida de la bencina. Pero estas palabras esconden una verdad mucho más profunda y peligrosa para los chilenos de a pie, especialmente para los más vulnerables: los chilenos pobres. Porque si cada vez que exista un conflicto global, el presidente Kast se siente obligado a subir el precio del combustible o cualquier otro producto básico, estamos frente a una política que no solo es insensible, sino que perpetúa la desigualdad y la precariedad.

Esta situación nos obliga a reflexionar con urgencia sobre quiénes realmente están siendo afectados por las decisiones económicas que se toman en La Moneda. Cada incremento en el precio de la bencina, el gas, la electricidad o los alimentos no es solo una cifra en un informe; es un golpe directo al bolsillo de las familias que luchan día a día para llegar a fin de mes. El aumento de estos costos esenciales impacta con mayor dureza a quienes tienen menos recursos, empeorando su calidad de vida y restringiendo sus opciones básicas para sobrevivir.

Si analizamos el origen de esta política, resulta evidente que el presidente Kast parece desentenderse de su responsabilidad para con las clases populares. La guerra internacional, sin duda, genera tensiones en los mercados y altera los precios globales, pero eso no debe traducirse automáticamente en castigos para quienes menos tienen en nuestro país. La falta de mecanismos efectivos para proteger a los sectores más vulnerables ante estas alzas demuestra una administración que prioriza a una clase privilegiada, aquella que no siente el impacto inmediato de estas subidas y, en muchos casos, incluso se beneficia de ellas.

Este patrón revela una realidad preocupante: el gobierno no está trabajando para los pobres chilenos, sino que está fortaleciendo a quienes ya detentan privilegios económicos. Mientras los pequeños comerciantes, trabajadores informales, pensionados y familias de bajos ingresos ven cómo sus gastos básicos se disparan, las medidas adoptadas no buscan aliviar esa carga, sino que la naturalizan como una consecuencia inevitable de eventos externos sobre los que el Estado no tiene control.

Sin embargo, la historia y la experiencia nos muestran que sí existen alternativas. Países que enfrentan crisis globales implementan subsidios focalizados, congelamientos temporales de precios o políticas de protección social que alivian el impacto en sus poblaciones más frágiles. La falta de estas medidas en Chile evidencia una falta de voluntad política para diseñar estrategias que prioricen a los más necesitados y que mitiguen la brutal transferencia de costos hacia ellos.

Este modelo económico que se reproduce bajo el gobierno actual profundiza las brechas sociales y económicas que históricamente han marcado a Chile. En vez de buscar justicia social o equidad, se consolida un sistema donde la incertidumbre y la vulnerabilidad son la norma para quienes menos tienen. ¿Cómo puede, entonces, un presidente que aplica estas políticas decir que gobierna para todos los chilenos?

La respuesta está en la construcción de un país diferente, donde las medidas económicas respondan a las necesidades reales de la población y no a intereses de minorías privilegiadas. La guerra en el mundo no puede seguir siendo una excusa para cargarle todo el peso a quienes viven en condiciones precarias. No podemos aceptar que cada conflicto externo sea igual a una escalada imparable en el costo de vida para millones de chilenos.

Es momento de exigir una gestión responsable, sensible y comprometida con la justicia social. Que se implementen políticas que protejan a las personas más afectadas por estos aumentos, que se busquen fuentes alternativas de financiamiento y que se apueste por una economía más justa y solidaria. Solo así se podrá romper el círculo vicioso donde la guerra internacional se traduzca en hambre, pobreza y desesperanza para tantas familias chilenas.

El futuro de Chile dependerá de decisiones valientes hoy, que pongan a las personas y sus derechos antes que a los mercados o a intereses acomodados. Porque gobernar no es resignarse a que el dolor de los pobres sea el pago inevitable de las crisis globales. Gobernar es actuar para que nadie quede atrás, para que cada chileno, sin importar su condición social, pueda vivir con dignidad y esperanza. Y eso empieza reconociendo que estas políticas económicas actuales no solo son injustas, sino peligrosas para la estabilidad social y el bienestar nacional.

La guerra mundial no puede seguir siendo el pretexto para que la carga recaiga siempre en los hombros de quienes menos tienen. Los chilenos merecen un gobierno que los defienda, que priorice su bienestar y que transforme la adversidad en oportunidad para construir un país verdaderamente inclusivo y justo. Mientras eso no suceda, seguiremos viendo cómo la pobreza y la desigualdad se profundizan, mientras unos pocos se enriquecen a costa del sacrificio cotidiano del pueblo trabajador.

Es hora de cambiar el rumbo. Es hora de que la voz de los pobres se escuche y que sus necesidades sean la prioridad en cada decisión que tome este gobierno. Porque un verdadero liderazgo se mide no por la comodidad de los poderosos, sino por la justicia que alcanza a los más vulnerables. Y Chile no puede esperar más para tener ese liderazgo.